El carrer és de tothom

La Vanguardia

RAMON SUÑÉ - 27/02/2006
BARCELONA

Varapalo al Ayuntamiento de Barcelona por aplicar de forma inadecuada la ordenanza de la convivencia en el espacio público. La Agència Catalana de Protecció de Dades ha comunicado al Consistorio la apertura de un expediente sancionador por una supuesta vulneración de los derechos individuales de las mujeres que ejercen la prostitución en algunas calles de la ciudad, en particular en la ronda Sant Antoni y la calle Sant Ramon y sus aledaños. La agencia, autoridad catalana en materia de ficheros creados o gestionados por organismos dependientes o vinculados con las administraciones públicas, entiende que la Guardia Urbana se excedió en sus funciones al interrogar a las trabajadoras sexuales y anotar, con profusión de detalles, sus datos personales.

La decisión de abrir el expediente sancionador fue comunicada por la Agència Catalana de Protecció de Dades al Ayuntamiento el pasado jueves. Fuentes municipales aseguraron a La Vanguardia que, nada más recibir la comunicación del organismo autónomo adscrito a la Conselleria de Governació, el gobierno municipal, con carácter preventivo, dio instrucciones a la policía local para que dejara de realizar el procedimiento de identificación de las prostitutas que motivó la denuncia efectuada por Àmbit Dona. Esta entidad, que ofrece asistencia y educación sanitaria a trabajadoras sexuales, se dirigió el pasado día 2 a la Agència de Protecció de Dades exponiéndole su preocupación ante la posibilidad de que los agentes de la Guardia Urbana estuvieran elaborando un censo de prostitutas.

La inquietud de Àmbit Dona, y de otras asociaciones que trabajan en el ámbito de la prostitución y en la defensa de los derechos de las personas que la ejercen, se fundamentaba en la minuciosidad y la abundancia de las cuestiones exigidas por los policías y en el uso que pudiera darse a esta información. Precisamente, una de las observaciones que la agencia ha hecho constar en su informe es la posibilidad de que las autoridades locales estuvieran investigando las conductas sexuales de las personas. El Ayuntamiento no admite esta apreciación e insiste en que su objetivo no es otro que el de garantizar el cumplimiento de una ordenanza que regula el buen uso del espacío público común.

Desde un principio, el Ayuntamiento de Barcelona negó que su intención fuera la de elaborar un registro pormenorizado de las prostitutas callejeras. En el informe que remitió a la agencia atendiendo al requerimiento que ésta le hizo, argumentó que la recogida de datos era una medida garantista con la finalidad de evitar que alguna de las posibles infractoras de la nueva ordenanza municipal del civismo pudiera ser objeto de una sanción económica sin haber sido advertida o informada previamente de la prohibición de practicar esa actividad en determinados lugares (a menos de 200 metros de distancia de un centro educativo) y condiciones (cuando excluya o limite la compatibilidad de los diferentes usos del espacio público).

La normativa, que entró en vigor el 25 de enero, establece que, antes de multar a las prostitutas o a sus clientes, los agentes deben informarles que su conducta está prohibida y pedirles que no persistan en ella. En las tres primeras semanas de aplicación se formularon 83 denuncias por incumplimiento del capítulo que hace referencia a la oferta y demanda de servicios sexuales en la vía pública.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han comenzado a analizar en detalle la resolución del organismo que vela en Catalunya por el respeto de las libertades y los derechos fundamentales, en lo que concierne a los datos personales y al uso que de ellos hacen las administraciones públicas. En cualquier caso, el propósito es el de presentar recurso contra una decisión que no deja en buen lugar al Consistorio.